Miembros de IFEX hablan sobre WikiLeaks.

Mientras el denunciante en línea WikiLeaks comenzó a publicar cientos de miles de cables diplomáticos estadounidenses clasificados esta semana, desde evaluaciones poco encomiásticas de líderes extranjeros hasta planes secretos para derrocar gobiernos, aquí está lo que tres miembros de IFEX – ARTICLE 19, Índice de la Censura y Reporteros sin Fronteras (RSF) – tienen que decir.

Primero, algunos antecedentes: según el “Guardian”, hay 251,287 cables en total, de más de 250 embajadas y consulados estadounidenses. “Revelan la forma en que EE. UU. trata con sus aliados y sus enemigos […] todo detrás de los cortafuegos de cifrado y clasificaciones de secreto que los diplomáticos suponen son seguros”.

WikiLeaks publicó una selección de los cables el domingo, mientras el “Guardian” había publicado trozos en forma simultánea con “The New York Times”, “Der Spiegel” en Alemania, “Le Monde” en París y “El País” en Madrid. Los periódicos ocultaron información que probablemente cause represalias en contra de personas vulnerables y buscaron noticias de interés público.

“Estamos más o menos satisfechos con la evolución de WikiLeaks”, declaró el director de RSF, Jean-Francois Julliard, a AFP. “Nos gusta esta asociación con los periódicos y este trabajo para poner las cosas en contexto, verificar la información y obtener lecciones de ella”, dijo.

ARTICLE 19 reiteró su llamado para que los gobiernos mejoren el acceso del público a la información y sólo limite el acceso si los Gobiernos pueden demostrar que eso causaría un daño específico y articulado. “Las reglas no se deberían usar para ocultar otros intereses. De hecho, las reglas estadounidenses existentes sobre el sigilo prohíben clasificar información sobre delitos y como medio de prevenir bochornos. Estas reglas se pasan por alto con demasiada frecuencia”, dijo ARTICLE 19.

Índice de la Censura se hace eco de ese punto de vita. En un editorial de esta semana, el ejecutivo en jefe John Kampfner lamentó que en el Reino Unido “la libertad de palabra se considere una mercancía negociable. El derecho de un grupo de interés a darse por ofendido se ve como algo tan importante como el derecho de expresar una opinión. El derecho de un Gobierno al sigilo se considera más importante que el derecho del público a saber”. Dijo que con toda la libertad de palabra, al examinar el material publicado por WikiLeaks, “el contexto es clave”.

“Es vital saber cuándo los Gobiernos están en colusión sobre la tortura u otros actos ilegales. Es importante saber cuándo dicen una cosa en privado (sobre un líder extranjero en particular) y hacen otra muy diferente en público. Es perturbador saber que las agencias de ayuda pueden haber sido usadas por el ejército, especialmente en Afganistán, para ayudar a las fuerzas de la OTAN a ‘ganar corazones y mentes’,” dijo Kampfner.

Continuó “Estas preguntas y otras más son vitales para el debate democrático. Las respuesta inevitablemente causan bochorno. Eso también es esencial para una sociedad civil saludable. Los buenos periodistas y redactores deberán ser capaces de separar lo incómodo de lo dañino. La información que pudiera poner en peligro la vida, ya sea a corto plazo o como parte de una operación a largo plazo, deberá seguir siendo secreta”.

Kampfner afirmó que es muy curioso que las revelaciones de WikiLeaks fueron envidas por el fundador de WikiLeaks Julian Assange, y no por los medios, “que deberán estar preguntándose por qué no tienen los recursos de llevar la verdad al poder”.

Los tres miembros están decididos a que no se procese a Assange y otros tres colaboradores de WikiLeaks en virtud de la leyes de secretos de estado o espionaje en EE. UU. y otros países.

“Es un principio bien establecido que las autoridades públicas tienen la responsabilidad exclusiva de proteger la confidencialidad de la información oficial. Otras personas y entidades, entre ellas WikiLeaks y periodistas, nunca deberán estar sujetas a responsabilidad por publicar información filtrada, a menos que se haya obtenido por fraude o algún otro delito”, afirmó ARTICLE 19 después de que se filtraron los archivos sobre la guerra en Afganistán.

De manera similar, afirmó ARTICLE 19, los denunciantes deberían estar protegidos si hay un fuerte interés público en la publicación de la información y los beneficios de la revelación superan el dueño, incluso si el denunciante actuó sin autorización.

RSF afirmó que durante años ha estado haciendo campaña a favor de una “ley escudo” federal estadounidense para proteger las fuentes, incluso para sitios como WikiLeaks. Según RSF, 40 estados de EE. UU. tienen leyes que protegen la confidencialidad de las fuentes de periodistas pero no hay una ley semejante en el ámbito federal. RSF señaló que el Congreso aprobó una versión limitada en julio de 2008, pero con el reciente escándalo, los senadores están tratando de excluir de ella los sitios web denunciantes.

Más información en Internet

Cables secretos de las embajadas estadounidenses en WikiLeaks

RSF: “La informacion de WikiLeaks es de interés público y no viola la ley” (ABC)

La prensa de América Latina debate sobre la legitimidad de la filtración (El País)

vía IFEX

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